En México vivimos ya desde hace tiempo una corrupción creciente y cada vez más generalizada, propiciada por la impunidad de que gozan quienes incurren en estas prácticas y que han dado como resultado un desfalco al erario que se calcula en un mínimo del 10% del presupuesto nacional.
En este país, el corrupto goza de impunidad y quien se atreve a investigarlo es fulminantemente cesado de su cargo, como lo vivió Santiago Nieto Castillo en octubre pasado y la Doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn apenas el pasado 23 de mayo, ambos separados de su cargo de manera abrupta y con argumentos absurdos que insultan la inteligencia de los mexicanos por parte de la FEPADE y la ASF.
“Dos días después de que Santiago Nieto reveló que Emilio Lozoya Austin, exdirector de PEMEX lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de ODEBRECHT al PRI, la PGR lo cesó de la FEPADE” relata la revista Proceso.
En cualquier país con un mínimo de respeto por el Estado de Derecho sería impensable que el investigado exigiera a la Institución que lo investiga que lo declare inocente públicamente, y menos aún si dicha investigación está todavía en curso, pero no en México, pues debido a que la ruta del dinero podría llevar a la presidencia y, aunado a esto el sujeto investigado es protegido por el manto que le otorga la amnistía de facto proporcionada por el presidente Enrique Peña, la única consecuencia posible es cesar al investigador.
Con el argumento torpe e insultante de que Santiago Nieto “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” quieren dar legitimidad a esta acción, por supuesto sin éxito. Al ver que Nieto Castillo intentó defender su cargo y que contaba con el apoyo de la sociedad y del Congreso, procedieron a destruirlo en su vida privada, presionando tanto como fue necesario para que el mismo Santiago Nieto desistiera en su defensa del cargo, y así a la llegada de un “encargado de despacho” la investigación contra Emilio Lozoya, su presunta corrupción y colusión con ODEBRECHT y el financiamiento ilegal de la campaña de Peña Nieto quedaron suspendidas y los ciudadanos solo nos quedamos con la sospecha, la confiabilidad de la FEPADE queda en entredicho, pero debilitar instituciones para proteger a los suyos es práctica común en este gobierno.
El despido de la ASF de la Doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn
Y ahora tocó el turno a la ASF de sufrir el autoritarismo, la imposición de una decisión “desde arriba” que protege la corrupción, incrementa la impunidad y debilita a la Institución, pues la ASF fue obligada a cesar en forma abrupta y sin razón creíble a la Doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn, quien estaba hasta el pasado 23 de mayo al frente de la Dirección General de la Auditoria Forense de la ASF, quien entre otros casos, investigaba y llevaba muy adelantada la famosa “Estafa Maestra”, a través de la cual fueron desviados más de 1 700 millones de pesos.
Sin importar que este escándalo de corrupción es el más sonado del sexenio, por orden de David Rogelio Colmenares Páramo, recién nombrado titular de la ASF y señalado por sus vínculos con el PRI, la Doctora Muna Dora fue despedida en condiciones “tan sorpresivas como improcedentes”, como ella misma lo expresa.
Y es que la Doctora Buchahin ha decidido no permitir impunemente este atropello y envió e hizo pública una carta dirigida a David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, en donde hace mención de su carrera de 13 años en la ASF, en la que ha logrado investigaciones premiadas incluso a nivel internacional y que no cometió ninguna falta que ameritara tan abrupto despido. Señala también, que tiene en curso ocho auditorias forenses y cinco propuesta más, donde dos de ellas se refieren a denuncias documentadas y vinculadas con SEDATU.
Las razones del despido
El punto tres de la carta es el que considero más explosivo y la posible verdadera razón de que separaran de su carga a la Doctora Muna Dora, pues evidencia que estaba muy cerca de revelar las ligas y modus operandi de los auténticos responsables de la “Estafa Maestra”: “. Llama la atención el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la ASF en sentido negativo, sin haberse acercado a esta Dirección General -área técnica responsable de los hallazgos y de la ejecución de las auditorias-, a pesar de los graves antecedentes que son del conocimiento público revelados en los informes de auditoría desde 2012, detallándose el modus operandi, los probables responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación. Los montos desviados alcanzan los 7,700 millones de pesos e involucran a funcionarios de SEDESOL, SEDATU, las universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada. Por su trascendencia e importancia, las denuncias se hicieron del conocimiento superior y fueron enviadas a la UAJ desde el 14 de marzo pasado para su inmediato trámite y atención, a fin de evitar dilaciones.”
