El partido mayoritario en la Cámara de Senadores, a través de su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, presentó una nueva INICIATIVA de reforma constitucional en materia regulatoria. Pretende desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), órganos constitucionales autónomos, así como a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano regulador coordinado en materia energética, a fin de crear un súper órgano denominado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).

Nota de Mexicanos Contra la Corrupción indica que la propuesta se da a conocer a menos de dos semanas de que el presidente, en su CONFERENCIA MATUTINA del 29 de mayo, considerara que órganos reguladores como la COFECE no son esenciales porque no tiene conocimiento de su denominación:

Éste otro instituto en donde se ampararon porque quieren ganar 200,000 pesos mensuales, que no sé ni cómo se llama. Imagínense, si el presidente no tiene conocimiento pues es algo que no es esencial, y no es esencial porque crearon estos organismos para simular (…) Hay un instituto que se llama instituto de telecomunicaciones, Ifetel (sic), tiene una estructura aparte de 10 consejeros, esos no ganan menos de 100,000 cada uno, 10 o nueve, más de siete, pero como 40 direcciones y asesores.

Lo anterior es de suma relevancia. Más allá de la exposición de motivos realizada por el senador Monreal, la iniciativa de reforma despierta dudas sobre si la motivación para la supresión de los organismos referidos y la creación de un nuevo órgano regulador obedece en realidad a la pretensión del Poder Ejecutivo de modificar sustancialmente la operación de los sectores que el presidente considera como no esenciales. No olvidemos que, en la misma conferencia, López Obrador sentenció: “¿Y qué? ¿Ya no hay monopolios en la comunicación? ¿Ya no hay actores preponderantes, como eufemísticamente se les llama a los monopolios? Entonces, ya no vamos a seguir con lo mismo.”

La propuesta de reforma representa un peligro para el modelo de estado regulador en México. Con el pretexto de implementar la política de austeridad republicana, este nuevo intento de que el Poder Ejecutivo recupere funciones regulatorias representa un nuevo ataque a organismos dotados de autonomía de elevada capacidad técnica.