El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que -desde su perspectiva- hay un riesgo de cancelar las elecciones del próximo mes de junio.
Señaló, que debido a las amenazas que ha recibido el propio INE, desde la máxima tribuna del país, han dado motivo a descalificación directa y estridente del proceso electoral, “mientras que la polarización política, un factor normal en las campañas, se ha visto aderezada por la intolerancia”.
Lorenzo Córdova aseguró que los comicios del próximo 6 de junio, podrían llegar a ser anulados por violación a los principios constitucionales, al referirse al reciente panorama electoral, con intromisión aceptada del Ejecutivo federal.
El arbitro electoral, quien ha últimas fechas ha sido criticado por la ciudadanía por poner piedras en el camino de morena, dijo a Pascal Beltrán del Río, que “hay un largo conjunto de jurisprudencias y de criterios judiciales en materia electoral que establecen la posibilidad de anular una elección por violación a los principios constitucionales y evidentemente uno de los principios constitucionales es la imparcialidad de los funcionarios públicos”, afirmó.
Señaló que “el poco apego a las reglas del juego democrático que linda en la irresponsabilidad, pone en riesgo la validez de las elecciones”, aunque agregó que eso no le toca decidirlo al INE, sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Mencionó que “nunca se había visto una descalificación tan estridente, tan directa y tan delicada como la que hoy se está haciendo desde la máxima tribuna del país” y precisó que “esto ha envalentonado a algunos actores afines a la actual postura en el gobierno para que hagan afirmaciones que son absolutamente impensables en un contexto democrático como que el INE debe morir, o bien que el INE debe ser exterminado”.
Además aseguró que estamos viendo una polarización política que “está siendo aderezada por un valor que por definición es contrario a la democracia que es la intolerancia. La democracia significa la lucha por el poder bajo la premisa que el adversario es un legítimo oponente que tiene todo el reconocimiento jurídico y la legitimidad política para competir en un cargo”.
