Cinco penales estatales rebasan apenas la calificación de la CNDH en cuanto a condiciones que inhiben la fuga de los presos

A pesar de que no se puede hablar de que exista una prisión en México que sea completamente segura, existen cinco prisiones que están por encima del promedio según la calificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a las cárceles del país.

Los penales de Guanajuato, que califica con 8.02 de 10 puntos posibles, es el que tiene mejores condiciones en cuanto al trato a los reclusos, situación que se ve reflejada en una menor cantidad de intentos de fuga. En ese ranking Aguascalientes califica con 7.75, Baja California con 7.42, Chihuahua con 7.38 y Tlaxcala con 7.34.

De los 389 centros penitenciarios del país, 372 son administrados por autoridades estatales y 17 por autoridades federales, dos de ellos concentran a mujeres.

En las cárceles administradas por los gobiernos estatales entre 2012 y 2015 se reportaron 74 fugas en 14 centros de detención.

Cuatro años atrás, la calificación general de los Centros de Rehabilitación Social era en promedio de 6.4, de acuerdo con los criterios de la CNDH, mientras que en el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) es de 6.2.

Incidentes como la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal del Altiplano o el motín en el penal de Topochico, Nuevo León -que saldó con 49 muertes y el hallazgo de celdas VIP, tiendas de abarrotes y hasta un bar en el interior-, únicamente ventilaron las fallas del sistema penitenciario sin que haya un sistema que ayude a mejorar el desorden de raíz.

Los penales federales son considerados los más seguros del país, pero sufrieron cuatro intentos de fuga entre 2013 y 2014, en ellos participaron 11 internos de los que solo pudieron escapar dos del Cereso de Ciudad Juárez. La fuga de Joaquín Guzmán Loera puso el dedo en la llaga, pues logró escapar del penal considerado de máxima seguridad del país, que se vio vulnerado por una red de complicidades aún por determinar.

El gobierno federal tiene en total 17 Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) en el país, en los que interna a los inculpados por delitos federales. Sin embargo, son tres los de alta seguridad: “El Altiplano” en Almolota de Juárez, Estado de México donde del total de su superficie, sólo 10 por ciento es ocupado por el penal, lo demás es usado como área de seguridad y vigilancia. Tiene capacidad para 894 personas, pero, según el último reporte de la Comisión Nacional de Seguridad, tiene mil 264 internos, por lo que la sobrepoblación de 51 por ciento.

El CFERESO 2, “El Salto”, Jalisco, es mejor conocido como el penal de “Puente Grande”, tiene 160 mil metros cuadrados de extensión, de los cuales 27 mil 900 componen las instalaciones de la prisión y el resto se utiliza como área de seguridad. Cuenta con una población de mil 21 personas, aunque su capacidad es para 836 reclusos, y de acuerdo con Estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional, tiene 75.36 por ciento de sobrepoblación.

En 19 febrero de 2001, “El Chapo” Guzmán se fugó de este penal auxiliado por 60 funcionarios del penal a quienes sobornó. En esa ocasión, el capo se metió en un carrito de ropa, mientras que los trabajadores lo empujaron hasta el estacionamiento del penal, donde lo esperaba un automóvil.

El CEFERESO 3, Noroeste, se encuentra a 17 kilómetros de Matamoros, ocupa una extensión aproximada de 230 mil metros cuadrados de los cuales 27 mil 900 componen las instalaciones de la prisión y el resto se utiliza como área de seguridad. Datos del Sistema Nacional Penitenciario indican que registra una sobrepoblación de 39 por ciento, ya que alberga a mil 168 internos cuando su capacidad es de 836.

De acuerdo con organizaciones internacionales -como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos- por cada preso debe existir idealmente un guardia que garantice su seguridad. Según la CNDH, en los penales existe un promedio de siete reos por cada custodio y en algunos casos, como las cárceles de Quintana Roo, la proporción es de 20 a 1, según documentó México Evalúa.

Según un informe de México Califica, el sistema penitenciario tiene varios problemas, entre ellos el hacinamiento, el cual “dificulta las eficacia de los programas de reinserción” al disminuir la cobertura frente a extensas poblaciones y la falta de espacios para fomentar actividades pedagógicas y psicoterapéuticas.

El total de 223 mil 206 reos en penales estatales rebasa en 23 por ciento la capacidad instalada de 171 mil 51 lugares.