Unos dos mil elementos de la Policía Federal, algunos de ellos a caballo, resguardaron los alrededores para evitar que manifestantes volvieran a parar las obras, luego de que hace unas semanas un juzgado de Distrito determinará sobreseer un amparo a favor de los comuneros.
Ante la reanudación de las obras, el abogado Santiago Pérez Alvarado culpó al gobierno federal de incumplir su palabra y cancelar mesas de diálogo con los habitantes del lugar, por lo que acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Estamos denunciando la intervención de la fuerza pública en la comunidad de San Jerónimo Acazulco para poder ejecutar las obras del Tren Interurbano México-Toluca, pese a que existían mesas de diálogo y el gobierno federal a través de la ferroviaria dijo que iba a prevalecer el diálogo, faltó a su palabra”.
“Hay una violación a la suspensión del amparo 109/2018 por lo que vamos a hacer es denunciar, ante la violencia institucional”, agregó.
Con información de Excélsior
