El senador perredista Zoé Robledo propuso incluir la muerte civil en el Código Penal Federal como un instrumento para sancionar de manera proporcional a los servidores públicos que reincidan en actos de corrupción.

El legislador explicó que esa iniciativa complementa los supuestos de sanción previstos en el título 10 de los hechos por delitos de corrupción, del libro segundo del Código Penal Federal, en lo que se refiere a reincidencias por delitos relacionados con esa práctica.

Externó que “se busca potenciar la fuerza del Estado anteponiendo la racionalidad de la ley frente a la fuerza de los intereses fácticos a través de una institución jurídica utilizada para suspender los derechos civiles y el reconocimiento de la calidad de ciudadano”.

En un comunicado, refirió que los funcionarios que cometen actos ilícitos de corrupción sólo llegan a ser sancionados con un correctivo meramente administrativo o cárcel en tanto que la pena máxima por esos hechos es la inhabilitación por 20 años.

De ahí que con su propuesta se pretende que aquella persona que cometa por segunda ocasión un delito relacionado con un acto de esa naturaleza sea inhabilitada permanentemente de la vida pública.

Además se pide que aquellos que hayan estado sentenciados por algún acto de corrupción no puedan volver a trabajar en los gobiernos federal, estatales o municipales.

Zoé Robledo también propuso que se proceda en una suspensión de derechos para ejercer la profesión, oficio, autorización, licencia o permiso alguno relacionado con actividades de corrupción que dan origen a la condena.

“De la misma manera como a un pirómano se le impide estar cerca de cerrillos y de encendedores la muerte civil pretende impedir que un funcionario vuelva a estar cerca del dinero de los mexicanos”, señaló.