Especialistas latinoamericanos coincidieron en que el gobierno de México deberá demostrar si la reforma al sistema de pensiones que reveló ayer será financieramente sostenible ante el imparable empuje demográfico y evitará provocar más desempleo e informalidad por encarecer la contratación laboral.
La propuesta causó dudas por reducir la cantidad de años para pensionarse e incrementar los aportes patronales y estatales.
“Los costos de esta reforma están repartidos entre los empresarios y el gobierno”, afirmó el colombiano Mauricio Olivera, presidente de 2013 a 2017 de Colpensiones, empresa estatal de pensiones de Colombia y director de Econometría Consultores, firma privada de Bogotá.
“Es esperable” que el gobierno mexicano haya calculado el impacto financiero de su iniciativa, “para que sea sostenible ahora y en el futuro, teniendo en cuenta sobre todo la presión demográfica y el envejecimiento poblacional”, dijo Olivera a EL UNIVERSAL.
“Un efecto adicional, muy probable, del aumento de las aportaciones de los empleadores, es un aumento en la informalidad y/o en el desempleo. Aumentar estas aportaciones es un aumento de los costos laborales, que pueden implicar menos contratación de trabajadores”, advirtió.
“Es necesario” que el gobierno exhiba cifras de sostenibilidad financiera a “largo plazo” y “los efectos” que el plan tendrá en informalidad laboral y desempleo, insistió.
La reforma, subrayó, va contra “la tendencia de la mayoría de países” de subir la edad de jubilación para lograr “sostenibilidad financiera”.
A consulta de este diario, el costarricense Álvaro Ramos, jerarca de la (estatal) Superintendencia de Pensiones de Costa Rica de 2015 a 2020, indicó que “lo más probable” sea que la reforma “preservó” la insostenibilidad del sistema mexicano de pensiones y “la agravó a cambio de mejorar cobertura y suficiencia”, por lo que el gobierno de México deberá “cerrar el faltante” con recursos públicos.
Al explicar que el análisis de pensiones se basa en cobertura, suficiencia y sostenibilidad, adujo que la reforma “claramente va orientada a los dos primeros conceptos, con el probable detrimento del tercero”.
“Se mejora” cobertura y suficiencia, “pero es difícil creer que el sistema ahora sea más sostenible”, adujo.
Para el chileno José Luis Ruiz, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la (estatal) Universidad de Chile y ex miembro de una comisión presidencial de pensiones en ese país, la variante sugerida en México es profunda y “busca beneficiar a una amplia cantidad de personas” sin acceso a pensiones.
Los regímenes mundiales de jubilación sufren “fuerte estrés en su financiamiento dada la creciente longevidad de la población. Al no tocar la edad de retiro, sin lugar a dudas será muy difícil el financiamiento de las pensiones con los aportes individuales y la presión al gasto público será enorme, dada la importante rebaja de semanas de aportes requeridos”, planteó Ruiz a este diario.
Destacó que aumentar las tasas de aportes “es clave” para los aparatos de pensiones y “el cambio que se propone en México va en el sentido correcto. Entrega garantías mayores a los que reciben pensiones más bajas”, lo que es “positivo” en seguridad social.
Al prever que la crisis del coronavirus obligará a “medidas pro-empleo”, alegó que encarecer la nómina salarial “iría en el sentido contrario” al aumentar la contribución de los empleadores, incentivará “la informalidad” y habrá “menor densidad de aportes” para financiar las pensiones.
